Una de las bondades del Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos de República Dominicana es el establecimiento obligatorio del cobro por el servicio de manejo de la basura, destacado en el artículo 139 de la referida pieza legislativa.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD), en el caso del cobro por manejo de los residuos sólidos urbanos, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales estarán facultados para ello.
La entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) destaca en la investigación que el proceso de manejo de los residuos incluirá la recolección, transporte, transferencia y disposición final.
Además, contiene la posibilidad de que el cobro sea incluido en la factura de la energía eléctrica o en la del servicio de agua potable, según lo estipula el artículo 140 de la normativa que está en curso en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla la gestión de las alcaldías en cuanto a los grandes generadores de residuos ubicados en sus territorios, definidos como aquellos que originan 10 o más toneladas al año
.
Incentivos
De acuerdo con Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del OPD-Funglode, otra de las ventajas de la Ley es que establecerá un bono verde para incentivar la formación de empresas y sociedades que se dediquen a actividades que contribuyan al aprovechamiento de los residuos.
“Aquí se incluye el desarrollo de tecnología y la investigación científica; así como también se incentiva la creación de empresas que se acojan a un régimen de responsabilidad extendida, donde esas organizaciones se harán responsables del manejo de los residuos tanto en lo industrial como en el consumo”, comenta Disla.
El estudio del OPD cita siete tipos de productos que estarán sometidos al régimen de responsabilidad extendida, entre ellos el poliestireno expandido (foam), los neumáticos, los aceites lubricantes y los medicamentos.
“El bono verde también se establecerá para aquellas empresas que utilicen los residuos para la generación de combustible, así como, para aquellas que reduzcan los efectos de los gases invernaderos.
El fondo servirá para financiar la operación de tratamiento y disposición final de los residuos, así como la clausura de los sitios de disposición final a cielo abierto”, resalta Disla.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD), en el caso del cobro por manejo de los residuos sólidos urbanos, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales estarán facultados para ello.
La entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) destaca en la investigación que el proceso de manejo de los residuos incluirá la recolección, transporte, transferencia y disposición final.
Además, contiene la posibilidad de que el cobro sea incluido en la factura de la energía eléctrica o en la del servicio de agua potable, según lo estipula el artículo 140 de la normativa que está en curso en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla la gestión de las alcaldías en cuanto a los grandes generadores de residuos ubicados en sus territorios, definidos como aquellos que originan 10 o más toneladas al año
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Incentivos
De acuerdo con Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del OPD-Funglode, otra de las ventajas de la Ley es que establecerá un bono verde para incentivar la formación de empresas y sociedades que se dediquen a actividades que contribuyan al aprovechamiento de los residuos.
“Aquí se incluye el desarrollo de tecnología y la investigación científica; así como también se incentiva la creación de empresas que se acojan a un régimen de responsabilidad extendida, donde esas organizaciones se harán responsables del manejo de los residuos tanto en lo industrial como en el consumo”, comenta Disla.
El estudio del OPD cita siete tipos de productos que estarán sometidos al régimen de responsabilidad extendida, entre ellos el poliestireno expandido (foam), los neumáticos, los aceites lubricantes y los medicamentos.
“El bono verde también se establecerá para aquellas empresas que utilicen los residuos para la generación de combustible, así como, para aquellas que reduzcan los efectos de los gases invernaderos.
El fondo servirá para financiar la operación de tratamiento y disposición final de los residuos, así como la clausura de los sitios de disposición final a cielo abierto”, resalta Disla.
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